2.1.1 Concepto de jurisdicción penal


La jurisdicción penal es la función pública ejercida por órganos especializados (jueces y tribunales), mediante la cual se aplican las normas del Derecho Penal para resolver conflictos surgidos por la comisión de delitos. Esta jurisdicción tiene como finalidad principal la protección de la sociedad y la reparación del daño causado a la víctima, asegurando que los responsables sean sancionados conforme a la ley.


Características de la jurisdicción penal:


  1. Inherente a la soberanía del Estado: Solo los órganos estatales están facultados para ejercerla.
  2. Es exclusiva y excluyente: No puede ser compartida ni delegada a entidades privadas.
  3. Es inderogable: No puede ser renunciada ni ignorada por las partes involucradas.
  4. Es restringida: Se ejerce únicamente en casos y condiciones establecidas por la ley.


Preguntas de examen



Pregunta: ¿Qué finalidad principal busca la jurisdicción penal?

a) Resolver disputas civiles.

b) Garantizar la reparación del daño a la víctima y proteger a la sociedad.

c) Mediar entre las partes en conflictos laborales.

d) Establecer relaciones internacionales.


Respuesta: b) Garantizar la reparación del daño a la víctima y proteger a la sociedad.


Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características indica que solo el Estado puede ejercer la jurisdicción penal?

a) Es restringida.

b) Es excluyente.

c) Es inderogable.

d) Es inherente a la soberanía del Estado.


Respuesta: d) Es inherente a la soberanía del Estado.


Pregunta: Si un particular decide resolver un delito por sus propios medios sin acudir a las autoridades, ¿qué característica de la jurisdicción penal está siendo ignorada?

a) Es inherente a la soberanía del Estado.

b) Es exclusiva y excluyente.

c) Es inderogable.

d) Es restringida.


Respuesta: c) Es inderogable.



Ejemplo de caso práctico


El caso de Javier y el asalto a una tienda


Javier es acusado de asaltar una tienda de electrónica. La tienda decide no presentar cargos a cambio de que Javier devuelva lo robado y pague una compensación. A pesar del acuerdo, el Ministerio Público, enterado del caso, decide iniciar una investigación y ejercer acción penal.


El caso refleja cómo la jurisdicción penal es inderogable. Aunque las partes lleguen a un acuerdo, el Estado, en función de proteger el bienestar y la seguridad social, puede decidir ejercer la jurisdicción penal y asegurar que se siga el proceso legal correspondiente.