La declaración de procedencia, conocida también como desafuero, es un requisito de procedibilidad en el proceso penal mexicano que se aplica a ciertos funcionarios públicos. Este proceso es necesario para poder proceder penalmente contra funcionarios que gozan de fuero constitucional. Características clave incluyen:
Pregunta: ¿A qué funcionarios se aplica la declaración de procedencia? a) A todos los ciudadanos. b) Solo a los funcionarios judiciales. c) A funcionarios públicos con fuero. d) Exclusivamente al presidente. Respuesta Correcta: c) A funcionarios públicos con fuero. Pregunta: ¿Qué implica la declaración de procedencia en el proceso penal? a) La culpabilidad automática del funcionario. b) Permite iniciar un proceso penal contra un funcionario con fuero. c) Absuelve al funcionario de cualquier delito. d) Cambia la jurisdicción del caso. Respuesta Correcta: b) Permite iniciar un proceso penal contra un funcionario con fuero. Pregunta: ¿Quién realiza el proceso de desafuero? a) El Ministerio Público. b) La Cámara de Diputados o el Senado. c) La Suprema Corte de Justicia. d) El presidente. Respuesta Correcta: b) La Cámara de Diputados o el Senado. Pregunta: ¿Qué significa la declaración de procedencia para el funcionario involucrado? a) Que ha sido encontrado culpable. b) Que puede ser procesado penalmente. c) Que es inmune a cualquier proceso penal. d) Que se le aumentarán los cargos. Respuesta Correcta: b) Que puede ser procesado penalmente. |
Un gobernador fue acusado de malversación de fondos públicos. Dado su fuero constitucional, el Ministerio Público solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia. Tras un análisis detallado y un proceso legal que incluyó la defensa del gobernador, la Cámara votó a favor de remover el fuero, permitiendo que el proceso penal continuara. Este caso muestra cómo la declaración de procedencia funciona como un mecanismo para asegurar que los funcionarios con fuero puedan ser sujetos a procesos penales, manteniendo un equilibrio entre la protección de funciones públicas y la responsabilidad penal.